Cuando hablamos de modernizar la administración local, lo primero que se nos viene a la mente suele ser lo tecnológico: contratar una nueva plataforma, abrir un canal telemático o subir formularios a portales de participación. Durante años, se ha dado por sentado que cualquier paso hacia la pantalla era, por definición, un avance democrático. Sin embargo, la experiencia nos muestra una realidad muy diferente: una digitalización mal entendida puede levantar un muro invisible entre el ayuntamiento y el barrio.
Si proponer una mejora para tu calle o votar en los presupuestos participativos implica lidiar con complejos sistemas de identificación, descifrar documentación técnica y dominar la jerga burocrática, no estamos democratizando la gestión pública. Lo que estamos haciendo, sin quererlo, es seleccionar quién tiene el tiempo, las habilidades y la paciencia necesarios para hacerse oír.
Más allá de la conectividad: la brecha procesal
A menudo, la brecha digital se reduce a una cuestión de infraestructuras: tener acceso a la fibra óptica o disponer de un teléfono de última generación. Sin embargo, en nuestros pueblos y ciudades, la barrera más habitual no es técnica, sino de procedimiento. Es la distancia que separa las necesidades cotidianas de una persona de las normas internas de la maquinaria administrativa.
Cuando se encuentran ante un formulario en blanco en la página web de un ayuntamiento, los ciudadanos suelen verse invadidos por dudas que les paralizan:
- ¿Es el Ayuntamiento competente para tramitar esta solicitud, o depende del Consejo Provincial o de la Generalitat?
- ¿Cómo debería redactarse la propuesta para que no sea rechazada por motivos formales?
- ¿Cómo se puede determinar si la inversión propuesta es técnicamente viable y se ajusta a la dotación presupuestaria correspondiente?
Cualquier funcionario público conoce bien las consecuencias de esta incertidumbre: la mayoría de las personas abandonan el proceso antes de pulsar «enviar». La participación se limita a una minoría organizada con un elevado capital cultural o tecnológico, mientras que el tejido social en general se va desconectando de las instituciones.
El impacto en el personal técnico: cuando el sistema no les ofrece el apoyo necesario
Esta fractura no solo perjudica al barrio, sino que también supone un coste directo y agotador para la administración municipal. Cuando una plataforma de participación se limita a ser un buzón estático que recibe propuestas sin procesar, la carga de filtrarlas recae íntegramente sobre el personal técnico.
El personal municipal tiene que dedicar decenas de horas a revisar manualmente las solicitudes que carecen de información suficiente, que solicitan medidas que exceden las competencias de la autoridad local o que no cumplen los requisitos legales básicos. Este proceso genera una doble frustración: por un lado, una carga de trabajo repetitivo y burocrático para el personal; por otro, el descontento de la ciudadanía, ya que los ciudadanos reciben una fría notificación de denegación meses después sin comprender del todo los motivos.
Tres claves para una participación accesible y útil
En ONode, entendemos que la tecnología debe ser un puente hacia la inclusión, no un filtro tecnocrático. A través del desarrollo de nuestra plataforma ADA, hemos definido tres principios fundamentales para garantizar que la transformación digital amplíe los derechos en lugar de restringirlos:
- El lenguaje claro como derecho fundamental: no se puede participar en algo que no se entiende. Aplicamos los criterios internacionales de la norma UNE-ISO 24495-1:2024 para transformar textos administrativos complejos en instrucciones directas, claras y estructuradas. Cualquier persona, independientemente de su edad o nivel de estudios, debe poder comprender el objetivo de una consulta o las fases de un presupuesto participativo.
- Apoyo activo con asistencia inteligente: un portal público no puede ser un mero repositorio pasivo. El motor conversacional integrado en la plataforma asesora a los ciudadanos en tiempo real mientras redactan. El asistente ayuda a estructurar la idea, sugiere los datos necesarios y advierte de posibles incompatibilidades antes del envío definitivo, mejorando así la calidad de la propuesta desde su origen.
- Diseño universal y sin barreras: interfaces diseñadas principalmente para su uso en dispositivos móviles, accesibles según las directrices WCAG 2.1 (AA) y concebidas para evitar dificultades innecesarias. Se da prioridad a la facilidad de uso sin comprometer en ningún momento las máximas garantías de privacidad, de conformidad con el RGPD y el Esquema de Seguridad Nacional (ENS).
Digitalizar significa crear una administración que escuche mejor.
La participación en el futuro no se mide por el número de formularios que subimos a un servidor, sino por la capacidad real de nuestros vecinos para influir en su entorno más cercano.
Cuando la tecnología estructura la información, orienta al ciudadano y filtra automáticamente los errores de procedimiento, la administración sale doblemente ganando: el personal público queda liberado de tareas mecánicas, lo que le permite centrarse en la evaluación y la ejecución de proyectos, y se establece una relación de confianza basada en la claridad y el respeto por el tiempo de las personas. La digitalización no consiste en trasladar el papel a una pantalla, sino en hacer que la administración sea más abierta, más eficiente y accesible para todos.
